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REGLAMENTO DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

 

El pasado 23 de abril fue publicado el Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales que regula lo dispuesto en la Ley 9416 de Lucha contra el Fraude Fiscal de 2016 mediante la cual se creó un “registro de accionistas” que estará bajo la custodia del Banco Central de Costa Rica (BCCR), obligando a todas las entidades legales en Costa Rica a revelar sus propietarios reales, incluyendo sus “beneficiarios finales”, entendidos éstos como los individuos que ejercen control o una influencia decisiva sobre la administración y operación de la compañía o estructura legal, directa o indirectamente.
Dicho Reglamento, cuyo objetivo es regular los mecanismos, funcionamiento, accesos y controles del Registro dicho, establece que la obligación mencionada atañe tanto a las personas jurídicas que por tradición conocemos, así como a los administradores de recursos de terceros a favor de sus clientes, las organizaciones sin fines de lucro y los fideicomisos privados, incluyendo los fideicomisos extranjeros que realizan actividades en Costa Rica. Se exceptúan, las sociedades que cotizan en un mercado de valores, nacional o extranjero, los fideicomisos públicos, en relación con sus depositantes, las entidades financieras supervisadas por la SUGEF y en lo que corresponde a sus clientes e inversionistas, las personas jurídicas supervisados por la SUGEVAL o SUPEN.
De gran relevancia resulta la responsabilidad que se le da al representante legal o administrador del obligado a quien se le ha establecido como la persona comprometida a anualmente completar y presentar, con carácter de declaración jurada, el informe de beneficiarios finales, cuya información puede ser compleja cuando la estructura accionaria está compuesta por compañías extranjeras, comprendiéndose además de que en el evento de que no sea posible aportar la información de los beneficiarios finales de una de las compañías que conforman esa estructura, su administrador  será considerado como tal.
En las próximas semanas deberá determinarse el modo de acceso a una nueva plataforma de consulta automática, así como la fecha límite de presentación de la información.
Catalina Moya A.
Asociado
Pragma Legal
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