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Sociedades disueltas por morosidad en el pago del Impuesto a las Personas Jurídicas. Modificaciones notariales.


Catalina Moya-Azucena
catalina.moya@pragma.legal
Asociada

 

Tres son los temas que se encuentran en auge en cuanto a las personas jurídicas y los trámites notariales. Primero, la conocida disolución de sociedades de oficio por parte del Registro Público; segundo, la vigencia y exigencia del nuevo impuesto a las personas jurídicas; y, por último, la reglamentación para el uso de Formularios y Expedición de Documentos Electrónicos en Sede Notarial para la Inscripción en el Registro Nacional.

1.) La disolución de sociedades.

2.) Cobro del impuesto a las personas jurídicas.

3.) Reglamento para el uso de Formularios y Expedición de Documentos Electrónicos en Sede Notarial.

1.) Por consulta del Ministerio de Justicia y Paz, la Procuraduría General de la República ha sostenido que según lo dispone el párrafo primero del artículo 6 de la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas No. 9024, el no pago del impuesto previsto en el artículo 1 de dicha ley por tres períodos consecutivos, constituye una causa de disolución de la persona jurídica (sociedad mercantil, empresa individual de responsabilidad limitada o sucursal de una sociedad extranjera), y el Registro Nacional, debe enviar el aviso de disolución por el no pago del impuesto al Diario Oficial La Gaceta, resultando innecesario realizar la gestión cobratoria tanto administrativa como judicial como acto previo a la disolución, pudiendo los acreedores del tributo comparecer con carácter preferente en el proceso de liquidación de la entidad jurídica. La morosidad de una sociedad constituye responsabilidades compartidas, por lo que los bienes de los representantes podrían verse comprometidos.

2.) Si bien algunos de los artículos de la Ley del Impuesto de Personas Jurídicas mencionada fueron declarados inconstitucionales mediante el Voto No. 2015-001241 del 28 de enero del 2015, con fundamento en el dictamen C-175-2016 emitido por la Procuraduría General de la República, se ha dado continuidad al cobro de dicho impuesto y por ende las cifras en mora continúan constituyendo una cuenta por pagar para las deudoras. Ante el inminente escenario de la consecuente disolución, es posible se gestione el arreglo de pago hasta por 24 meses. La solicitud de fraccionamiento se gestiona en el Registro Nacional, acuerdo que ante incumplimiento se remite a la vía del cobro judicial.

3.) Mediante acuerdo 2016-028-015 del 2016 emitido por el Consejo Superior Notarial, se aprobó este reglamento, de forma consecuente con la facultad de uso de formularios como medio para registrar actos y contratos otorgados por las partes ante el notario público. Esto quiere decir que, todo notario público que se encuentre al día en todos sus deberes funcionales podrá emitir y utilizar los mecanismos electrónicos, posibilidad ampliada a los notarios inhabilitados solamente para la presentación e inscripción de los documentos autorizados o expedidos en el periodo en que se encontraban habilitados para el ejercicio de la función notarial.

Para ello, el Registro Nacional ha emitido el Reglamento Operativo para la Tramitación de Formularios Electrónicos y documentos adjuntos, que contempla los mecanismos para la tramitación electrónica de escrituras públicas en los Registros de Bienes Muebles, Inmobiliario y de Personas Jurídicas. Los formularios electrónicos serán previamente predefinidos, según cada acto o contrato, por el Registro Nacional en coordinación con la Dirección Nacional de Notariado.

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